Suiza promueve los derechos humanos, el Estado de derecho y el acceso a la justicia

El objetivo 16 de la Agenda 2030 se centra en la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho, así como en la lucha contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos. Las metas del ODS 16+ abordan, además, ciertos aspectos ligados al acceso a la educación, la educación en derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación, los derechos laborales, el derecho a la igualdad de trato y las políticas de igualdad de oportunidades.

Suiza contribuye a la promoción de sociedades equitativas mediante la implementación de programas relacionados con los derechos humanos y el acceso a la justicia en países contrapartes como Afganistán, Honduras, Laos, Mozambique y Ruanda. Asimismo, se moviliza en el marco de la lucha contra la corrupción, un flagelo que constituye un obstáculo para el desarrollo y pone en tela de juicio la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

Promover los derechos humanos

A la vez causas y consecuencias de los conflictos violentos, las violaciones de los derechos humanos constituyen obstáculos para el desarrollo. Los conflictos comprometen a su vez los resultados alcanzados en materia de desarrollo. Por ello, la COSUDE pone el fortalecimiento de los derechos humanos en el centro de su trabajo, adoptando un enfoque basado en los derechos humanos y basándose en las normas y principios internacionales aplicables en este ámbito: indivisibilidad, universalidad, no discriminación, participación, transparencia, rendición de cuentas y respeto del Estado de derecho. Guiada por un enfoque basado en los derechos humanos, el objetivo de la cooperación al desarrollo es hacer respetar los derechos humanos y asegurar que todas las personas vivan con dignidad, paz y seguridad.

En el enfoque basado en los derechos humanos, son las personas, así como sus derechos y sus obligaciones los que están en el centro de la cooperación al desarrollo, y no sus necesidades inmediatas. Se refuerzan las capacidades y la obligación de los responsables de rendir cuentas, sobre todo de las instituciones estatales, pero también de los actores no estatales a fin de que estos últimos puedan cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, se apoya a los titulares de derechos, es decir a toda persona que lo necesite. Porque conocer sus derechos significa poder reivindicarlos y participar en la vida pública como ciudadano activo y responsable. A fin de reforzar las capacidades de los titulares de derechos, la COSUDE apoya, p. ej., a actores de la sociedad civil, tales como los medios de comunicación en Tanzania u organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos de los ciudadanos y velan por que los responsables respondan de sus actos como en Honduras.

Promover el Estado de derecho y el acceso a la justicia

Es esencial un Estado de derecho funcional para permitir una coexistencia pacífica en el seno de la sociedad. Ahora bien, todo Estado de derecho depende también de un sistema judicial basado en los derechos humanos y accesible a todos, que proteja los derechos humanos y persiga los delitos.

Este es el propósito mismo del objetivo 16 de la Agenda 2030 para la paz, la justicia y las instituciones equitativas. Suiza contribuye a la realización de este objetivo a través de su compromiso político con el Estado de derecho y el acceso a la justicia.

La COSUDE define su contribución a los sistemas de justicia nacionales, tanto formales como informales, en el marco de un estrecho diálogo con los países contrapartes y en base a profundos análisis de contexto con el fin de hacer que el trabajo de los actores del sector de la justicia sea eficaz y transparente en un espíritu de servicio a los ciudadanos. Los programas ad hoc de la COSUDE tienen por objeto asegurar a la mayor parte posible de la población el acceso a un sistema funcional, eficaz y basado en los derechos humanos. La población debe poder confiar en el sistema y saber que sus derechos están protegidos.

La acción de la COSUDE en el ámbito de la justicia se articula en torno a cuatro ejes:

1. Apoyo a la elaboración y a la implementación de una nueva legislación. Ejemplo: apoyo a los actores gubernamentales y no gubernamentales para implementar una legislación más estricta sobre la violencia contra la mujer como, p. ej., en Bolivia.
2. Reforma del sistema judicial. Ejemplo: formación de jueces en Bután o refuerzo de la independencia del poder judicial en Ucrania.
3. Acceso a la justicia. Ejemplo: mejora del acceso a la justicia de los grupos desfavorecidos en Afganistán.
4. Apoyo organizacional en el marco de programas centrados en los actores del sistema judicial. Ejemplo: reformas del sector de la seguridad y de la policía en Túnez y en Honduras.